Trump sufre tercer rechazo judicial a sus medidas antiinmigrantes

Un juez de EE.UU. suspendió un decreto de Trump para cortar fondos de las ‘ciudades santuario’, aquellas que no colaboran con la Policía de inmigración.

El juez de San Francisco, California (oeste de EE.UU.), William Orrick, ordenó el martes un bloqueo de alcance nacional a cualquier intento de implementar la orden que emitió el pasado 25 de enero el presidente Donald Trump para quitar fondos a esas ciudades por oponerse a su decretos antiinmigrantes.

“La financiación federal, que no tiene relación significativa con la aplicación de la ley de inmigración, no puede ser amenazada simplemente porque una jurisdicción elige una estrategia nacional sobre la inmigración, de la cual el presidente desaprueba”, argumentó Orrick.

Asimismo, apuntó que para el presidente el financiamiento es un “arma” para usar contra ciudades que persisten sus políticas, pero no puede ser ejecutada porque si Trump corta fondos a ciudades que protegen a inmigrantes violaría la Constitución estadounidense.

Se trata del tercer golpe judicial de Trump cuatro días antes de cumplir los 100 días de tomar las riendas de la Casa Blanca. Los dos anteriores son los bloqueos impuestos a las órdenes que vetaban a los viajeros de seis países musulmanes.

El nuevo fallo del magistrado Orrick podría afectar a más de 300 ciudades y condados de todo el país norteamericano que han calificado como anticonstitucional el decreto de Trump, entre ellas, Los Ángeles, Chicago y Nueva York.

No obstante, la sentencia no es definitiva y el Departamento de Justicia podría recurrirlo ante el tribunal de apelaciones. En el mismo sentido, el fiscal general, Jeff Sessions, y un grupo de alcaldes han expresado que seguirán enfrentados alrededor de la promesa electoral de Trump de deportar a unos 11,3 millones de inmigrantes indocumentados.

Cabe recordar que el Departamento de Justicia de EE.UU. dio el viernes un ultimátum a las llamadas ‘ciudades santuario’ al amenazar con recortar fondos a nueve jurisdicciones si, antes del 30 de junio, no prueban que están colaborando con las autoridades federales y les están informando del estatus migratorio de las personas detenidas.

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